Justicia cifró en un 31% el seguimiento de la huelga en el mes de julio, mientras que jueces y fiscales lo situaron en un 70%

El Ministerio de Justicia, encabezado por Félix Bolaños, ha comunicado que únicamente un juez y 28 fiscales han informado oficialmente de su participación en la huelga convocada del 1 al 3 de julio por varias asociaciones judiciales y fiscales en protesta por las reformas impulsadas por el Ejecutivo. Según el Ministerio, estas 29 personas han renunciado a percibir el salario correspondiente a esos días, así como a la cotización a la Seguridad Social, al no haber acudido a su puesto de trabajo.

En un comunicado, Justicia explicó que, transcurrido un mes desde la protesta, solo un juez —que notificó directamente a las gerencias territoriales— y 28 fiscales —que lo hicieron a través de la Fiscalía General del Estado— han comunicado oficialmente su adhesión a la convocatoria.

Un juez de 6.259, y 28 fiscales de los 3.185 existentes

De acuerdo con la información recabada por el Ministerio, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía, “el número de personas que secundaron el paro y a quienes se les practicará la correspondiente deducción salarial” es de un juez de un total de 6.259 (un 0,01%) y 28 fiscales de los 3.185 existentes (un 0,87%). Dentro de este grupo, 19 fiscales secundaron la huelga los tres días, uno lo hizo durante dos días y ocho durante un solo día.

Desde el departamento que dirige Bolaños se ha recordado que “como es sabido, el derecho a huelga implica algunos deberes para cualquier persona trabajadora. Uno de ellos es comunicar que se secunda la protesta al organismo pagador, ya que la huelga supone la suspensión de la relación laboral, por lo que no se percibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social durante ese período”.

En este sentido, el Ministerio pidió al CGPJ y a la Fiscalía información sobre los jueces y fiscales que no asistieran a su puesto de trabajo entre el 1 y el 3 de julio, con el fin de determinar el seguimiento real de la convocatoria y “detraer el salario de quienes la secundasen”.

Desde el Ministerio insistieron en que se trata de “una comunicación imprescindible, además, para asegurar el buen uso de los fondos públicos, ya que el Ministerio es el organismo pagador de sus nóminas y, consecuentemente, quien tiene que practicar la correspondiente detracción de haberes”.

Divergencia en los datos de seguimiento

La cifra oficial contrasta con la estimación proporcionada por las asociaciones convocantes de la huelga —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)—, que cifraron el seguimiento en un 70%.

Según señalaron en un comunicado conjunto, “esta estimación se fundamenta en los correos electrónicos voluntarios y confidenciales recibidos de compañeros y compañeras que han comunicado su decisión de secundar la huelga”.

Por su parte, el Ministerio de Justicia sostuvo que, basándose en “los datos oficiales facilitados al Ministerio por los secretarios de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, referidos al conjunto del territorio de cada una de sus comunidades autónomas”, el seguimiento total fue del 31%.

Las asociaciones convocantes protestaban contra las reformas del sistema de acceso a la carrera judicial y a la Fiscalía, al considerar que suponen una amenaza para la independencia judicial y, por tanto, para el Estado de Derecho. Desde el Ministerio rechazan esa visión y defienden que los cambios son “imprescindibles” para modernizar la Administración de Justicia.